En el marco del proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua)”, cofinanciado por la Xunta de Galicia y promovido por APADEIM y Fundación Mujeres, se  viene realizando una valoración del contexto actual, a través del seguimiento de los casos de violencia de género en el observatorio comunitario.

Durante el periodo de enero a marzo de este año, los casos más reportados son los relativos a las demandas por pensión alimenticia 37% (16),  los cuales, además, han generado violencia psicológica y amenazas dirigidas a las mujeres que han interpuesto las denuncias, seguidos por los casos de violencia Física 30%(13)  y  violaciones 9%(4), en los que las víctimas han sido menores de 19 años.

El municipio de El Viejo, y sus comunidades,  encabeza los índices más altos de violencia de género en lo que va del año con un 32% (14) de los casos. Otros municipios con altos índices de violencia basada en género es Corinto, con un 21% (9),  seguido de Tonalá 14% (6), Puerto Morazán 12% (5),  Posoltega  12%(5), Chichigalpa 7% (3) y Santo Tomás 2%  (1).

En Nicaragua, los juicios impulsados por la Defensoría Pública en materia de familia, específicamente en las demandas de alimentos ascienden a 2.959, sumando unos 7,7 millones de córdobas, según detalló la institución en una conferencia  de prensa el año pasado. En el año 2014, las pensiones que logró impulsar la Defensoría sumaron más de 12 millones de córdobas.

Con las reformas al reglamento de la ley 779 y el nuevo decreto presidencial, se desnaturaliza el espíritu de la ley, comprometiendo los derechos de las víctimas. Según el nuevo instructivo dictado por la Corte Suprema de Justicia, para los casos de violencia, pensión de alimentos y protección especial de niños, niñas y adolescentes, ningún juez podrá ordenar la captura de procesados en rebeldía por incumplimiento de pensión alimenticia, ni por delitos menos graves, y en caso de que lo hiciese, la Policía Nacional no la cumplirá.

Es así que la ley 779 ha venido perdiendo el estatus que tenía, al cambiar su propósito de visibilizar la violencia en el ámbito público y privado, así como, acrecentar la impunidad por el temor que tienen las mujeres a denunciar, debido a que la orientación de  diferentes instancias está dirigida a que aprendan a perdonar  a su  agresor.