Fundación Mujeres expresa su solidaridad con María Salmerón y demanda al gobierno soluciones específicas para este tipo de casos.  

27/04/2022

Comunicado Patronato Fundación Mujeres

 

  • Ante la denegación del indulto a María Salmerón expresa su preocupación no solo por este caso sino por la situación de otras muchas mujeres que se encuentran en esta situación.
  • Pedimos, junto con otras organizaciones el cumplimiento de la legislación vigente y que se estudie la viabilidad de una ley de amnistía ante la resistencia mostrada por algunos jueces y tribunales a la aplicación de medidas de protección a los menores.

 

Madrid, 27 de abril 2022

Desde Fundación Mujeres, una vez conocida la noticia de la denegación del indulto a María Salmerón, queremos manifestar nuestra solidaridad con María y su hija Miriam por lo que consideramos es una situación injusta y alejada de los objetivos de la legislación contra la violencia de género vigente en España.

Queremos así mismo unir nuestra voz a la de otras organizaciones feministas para mostrar nuestra preocupación y reclamar soluciones de carácter general y urgente para este tipo de situaciones que afectan a un número considerable de mujeres que sólo quieren proteger a sus hijos e hijas.

Por esta razón, junto con otras organizaciones, nos hemos adherido a la propuesta presentada por la Asociación de Mujeres Juristas Themis en la reunión del Observatorio estatal de violencia contra las mujeres celebrada hoy 27 de abril de 2022, en los siguientes términos:

Ante la noticia de la denegación del indulto a María Salmerón, conocida en el desarrollo del Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre las Mujeres del que formamos parte, y sin desconocer las dificultades técnico jurídicas que pueden haber derivado en esta denegación, pero tampoco los requerimientos a España  de distintos organismos de Naciones Unidas y del  Comité de Expertos del Grevio del Consejo de Europa, que expresan su preocupación por la existencia de un patrón sistemático de aplicación del  Síndrome de Alienación Parental en procedimientos administrativos y judiciales, que han identificado el interés del menor con custodia compartida y garantía de estancias al agresor con menores víctimas y testigos, tanto en procedimientos en que se reconocía la existencia de violencia como en aquellos en los que, pese a concurrir indicadores de violencia, se ha dictado sentencia absolutoria por principio de presunción de inocencia. Las organizaciones que suscribimos, representantes de la Sociedad civil en dicho Pleno, reclamamos:

  1. La aplicación efectiva de las previsiones de la Ley Orgánica 8/2021: artículo 11 y la nueva redacción artículos 94 CC y 544 ter LECrim.

  2. Que se cree una Comisión de Investigación sobre el SAP con testimonios de personas afectadas, análoga a aprobada para las víctimas de pederastia en la Iglesia cuya competencia se ha atribuido a la Defensoría del Pueblo.

  3. Que se ofrezca una respuesta general a situaciones como la de María Salmerón, generadas en buena medida por una deficiente protección a los menores frente a progenitores condenados por VG, inaplicación de los artículos 65 y 66 de la O. 1/2004, y aplicación por el contrario en sede administrativa y judicial del SAP, evaluando para ello la viabilidad de una Ley de amnistía.

Creemos que conductas como las de María, mujeres víctimas de violencia de género, denunciadas por sus agresores, no deberían ser calificadas como delictivas en un contexto en el que no se está protegiendo adecuadamente a los niños y las niñas. Si la justicia no analiza el fondo de los asuntos y no escucha a los niños y las niñas en estos casos, deja de ser justicia y puede llegar a prolongar las situaciones de violencia contra las mujeres y contra sus hijos e hijas, dificultando su proceso de recuperación.

Sin reparación no hay Justicia.

 

 

Más Información:

 

Teresa Agustín Jefa de prensa de Fundación Mujeres

Prensa@fundacionmujeres.es

660574103

 

Últimos vídeos en nuestro canal de Youtube

Fundación Mujeres expresa su solidaridad con María Salmerón y demanda al gobierno soluciones específicas para este tipo de casos.