Comunicado
- Recordamos a todos los partidos políticos que su compromiso con el Pacto de Estado incluye no utilizar a las víctimas como arma arrojadiza de sus tácticas políticas.
- La transparencia y la comunicación responsable deben ser una constante en la gestión y no sólo en los momentos de crisis.
- Pedimos reparación del daño de las víctimas que hayan visto sus derechos afectados por el funcionamiento de los dispositivos.
22 de septiembre de 2025. En relación con el debate y la polémica a la que estamos asistiendo en los últimos días sobre el funcionamiento de los dispositivos telemáticos de geolocalización que se imponen por resolución judicial para el control del cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas por los tribunales en los casos de violencia contra las mujeres, desde Fundación Mujeres queremos manifestar lo siguiente:
El sistema de geolocalización que se ha implantado en España ha mostrado su eficacia a lo largo de los años y es, sin duda, uno de los mecanismos más seguros de protección para las mujeres víctimas, a pesar de los inconvenientes que pueda plantear su funcionamiento, tanto en relación con los fallos que puedan tener los dispositivos y la tecnología, como en relación con el impacto de esta medida en la vida cotidiana de la víctima. Las mujeres que portan un dispositivo de geolocalización para el control de su agresor están sometidas de forma permanente a la tensión de la posibilidad de una alarma y necesitan la mayor fiabilidad y confianza en el sistema para evitar situaciones de victimización secundaria.
Por esta razón creemos que las denuncias y debates sobre el desempeño y utilidad del sistema debe realizarse de forma que no ponga en duda la eficacia de esta medida de manera general añadiendo incertidumbre tanto para las más de 4.500 mujeres que en este momento tienen asignado uno de estos dispositivos, como para los operadores judiciales, responsables de su utilización. Ninguna mujer con un dispositivo de alejamiento, que haya cumplido con los protocolos de uso del sistema, ha sido asesinada en España desde su creación.
Pero más allá de esta evidencia, al parecer desde finales de 2023 y vinculado al cambio de proveedor del contrato público de prestación de este servicio, se han podido producir algunas incidencias que han afectado tanto a los datos del seguimiento, como al buen funcionamiento de los dispositivos. En este sentido queremos pedirles a las instituciones responsables, empezando por el propio Ministerio de Igualdad, que pongan urgentemente a disposición la información real y concreta del alcance de dicha afectación, ya que sólo un conocimiento preciso del alcance de dichas incidencias puede evitar que se ponga en entre dicho la confianza global en un sistema que resulta necesario para la protección de las víctimas. Nada de lo que haya pasado puede ser peor que la sospecha sobre la efectividad del sistema en su conjunto y la desconfianza de las mujeres en la seguridad que les proporcionan los dispositivos.
Creemos que la transparencia y una comunicación responsable no solo es imprescindible sino exigible como parte de una gestión pública diligente que pretenda la defensa y desarrollo de los derechos de las mujeres. Ambos elementos deben estar presentes en la actuación de las administraciones y poderes públicos precisamente para evitar que la desinformación prospere en un contexto social y político dispuesto en muchos casos a amplificar las críticas al feminismo y políticas de igualdad. Las críticas a las políticas contra la violencia de género no se defienden ocultando los problemas y los fallos, sino con información concreta y una adecuada rendición de cuentas como regla general de funcionamiento y no sólo en los momentos de crisis.
Por último, queremos recordar a todos los grupos políticos que la violencia contra las mujeres debe ser un tema que se aborde de forma responsable y fuera del ruido de la refriega partidista y electoral. Todos los grupos parlamentarios, con la excepción de VOX se han comprometido con un Pacto de Estado, que aborda de forma directa la seguridad y la protección de las víctimas. Sin duda este compromiso debe incluir no utilizar irresponsablemente el miedo de las mujeres como un arma arrojadiza que cuestione la eficacia de medidas que son necesarias como parte de las políticas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. No hay ventaja política que valga la desconfianza y el miedo de una sola de las mujeres, niños y niñas que necesitan protección activa de sus agresores.
Si ha existido un problema con los dispositivos, éste debe repararse si aún no se ha hecho, y tanto el ministerio como el poder judicial deberían evaluar el impacto sobre la vida de las mujeres para, en su caso, proceder a una reparación acorde con el daño que se haya podido padecer en cada caso. Como organización de la sociedad civil, desde Fundación Mujeres nos comprometemos a participar activamente en la rendición de cuentas de las instituciones y poderes públicos para lograr este fin.
