Tras la lectura de los argumentos contenidos en el auto de la Audiencia Provincial de Navarra, tanto el fallo mayoritario como el voto particular, en relación con la puesta en libertad de los condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales en el “caso de La Manada”, desde Fundación Mujeres manifestamos lo siguiente:

1. Nos reafirmamos en el contenido de nuestra primera valoración sobre el auto respecto a que no se han tenido en cuenta ni los derechos de la víctima ni la alarma social que podría producir una resolución de estas características.
2. Que, además, la resolución no tiene en cuenta la propia gravedad del delito y el cumplimiento de la justicia penal, que no es otro que el cumplimiento de la propia pena establecida, aun cuando esta no sea firme.
3. Que la decisión tomada por el magistrado y la magistrada que firman el fallo mayoritario se aparta de la normalidad del tratamiento de la prórroga de la prisión preventiva en las resoluciones judiciales en España.
4. Que en este sentido se ha optado por priorizar las garantías procesales de los condenados por encima de los derechos de las víctimas, sin considerar que hay causas pendientes para varios de los condenados por hechos similares.
5. Que se da una nueva oportunidad para que socialmente se orquesten actuaciones de acoso y vulneración de los derechos de la víctima directa de este delito por parte de sectores sociales que no dudarán en aprovechar esta ocasión para volver a cuestionar el comportamiento y la dignidad de la víctima, como de hecho ya ha ocurrido a lo largo del juicio, sin que se hayan podido tomar todas las medidas policiales necesarias para su protección
6. Que con esto se refuerza un mensaje y apariencia de impunidad para con los delitos sexuales por parte de la Justicia española, que en realidad perjudica a la seguridad y libertad sexual de todas las mujeres especialmente de las más jóvenes.
7. Que la prórroga de la prisión provisional hubiera sido una decisión acorde con la legislación vigente tal y como se argumenta en el contenido del voto particular.

De acuerdo con todo esto, estimamos que estamos ante un nuevo ejemplo de justicia patriarcal, es decir, una Justicia que minimiza las causas y las consecuencias de los delitos que se cometen contra las mujeres, que no sólo carece de una perspectiva de género en la gravedad de los delitos contra las mujeres, sino que se aparta de las bases de un derecho penal orientado hacia las víctimas.

Y por ello solicitamos que se repare esta evidente vulneración de los derechos de las mujeres, de todas, pero en particular de las víctimas de estos condenados y que, por lo tanto, se emprendan las siguientes actuaciones:

1. Que desde el Consejo General del Poder Judicial se abra expediente de investigación sobre el magistrado y la magistrada que firman el fallo mayoritario de la sala, para dilucidar si existen indicios de un funcionamiento anormal de la justicia en esta resolución.
2. Que desde la Fiscalía se recurra el auto que decreta la puesta en libertad, extendiendo este ruego a las partes del proceso en particular a las instituciones públicas personadas en el procedimiento.
3. Que por parte del juzgado de Pozoblanco en el que se están realizando las investigaciones relacionadas con el delito cometido contra otra mujer, se decrete la prisión provisional para con los miembros de La Manada implicados en dicha investigación.

Nuestra posición en relación con la Justicia siempre ha defendido que una parte importante de la calidad del sistema judicial tiene que ver con que las mujeres y los delitos que se cometen contra ellas. No es posible tener una Justicia que no reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y que reconozca la gravedad y la necesidad de sanción penal de las diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres.

Por esta razón nos sumamos a las diferentes movilizaciones convocadas por el movimiento feminista en toda España y animamos a toda la población a que, por la calidad de una Justicia exenta de estereotipos de género y no discriminatoria, se sumen a las mismas.

En Madrid, a 22 de junio de 2018